Lo que no se dice de Israel: construcción de viviendas árabes en Jerusalén Este (III).

Nada, que en el diario El País no se enteran. De aquí sale que Israel planea construir 600 nuevas viviendas en Pizgat Ze'ev y Shu'fat. A pesar de que ambas zonas están en Jerusalén Este, que forma parte de la capital israelí, en el artículo se las cita como ilegales. ¿Qué tendrá de ilegal que las autoridades municipales de la Ciudad Santa decidan construir en... la Ciudad Santa?

Lo mejor de todo es que en el propio artículo se reconoce que se decidió no construir 500 viviendas adicionales (que hubieran totalizado 1.100) planificadas en terrenos cuyos propietarios eran, precisamente, árabes.

Más abajo se habla de la "limpieza" del barrio árabe de Silwan, el mismo barrio en el que se decidió, a finales del año pasado, construir 500 viviendas, de las cuales sólo dos estarían destinadas a residentes judíos, quedando el resto fijadas para ciudadanos árabes. ¿No serán esas 498 viviendas destinadas a ciudadanos árabes las que se construirán en la zona tras derruir aquellas viviendas del barrio construidas ilegalmente? Como ilegal ha sido también la construcción del edificio Beit Yehonatan.

Y este es el "asunto más polémico", según el diario El País, que afirma que el alcalde se niega a demolerlo a pesar de que una orden judicial del Tribunal Supremo así lo exige. Esto afirmaba El País en el arriba citado y enlazado artículo, con fecha 26 de febrero, cuando lo cierto es que ya dos días antes, The Jerusalem Post informaba que el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, sí procedería a la demolición del edificio, juntamente con viviendas árabes construidas ilegalmente.

Barkat, según el artículo de El País, ha aceptado otorgar a 120 familias desahuciadas nuevos apartamentos en el sector oriental de la Ciudad Santa. Ello, juntamente con las 498 viviendas para árabes a construir en Silwan, tal y como se aprobó a finales del año pasado, demuestra que no se pretende limpiar étnicamente a los árabes de Jerusalén Este, cuyos habitantes, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo israelí emitida en 1988, gozan del derecho a beneficiarse de la seguridad social y del sistema sanitario del Estado judío.