Ariadna Jové Martí, española, y Bridgette Chappell, australiana, forman parte del I.S.M. (International Solidarity Movement, Movimiento Internacional de Solidaridad), una O.N.G. que dice luchar por los derechos del pueblo palestino. Ambas fueron arrestadas por el Tzahal en Ramallah y traspasadas a las autoridades de inmigración de Israel. Éstas, al principio, sostenían que el traspaso de la custodia había tenido lugar en Israel, pero a posteriori tuvieron que admitir lo contrario. También existen dudas relativas a la licitud de la intervención del Tzahal en Ramallah, situada en una zona teóricamente bajo control de las fuerzas de seguridad de la A.N.P., de acuerdo con los Acuerdos de Oslo de 1993. Y es que el Tzahal sólo puede entrar en este tipo de zonas en casos de fuerza mayor.
El I.S.M. rechaza la violencia de forma oficial, pero entre sus integrantes encontramos a personas que han colaborado con miembros de organizaciones terroristas, o que los han escondido, y que apoyan el terrorismo y niegan el derecho de Israel a existir, tal y como algunos de ellos han afirmado en múltiples ocasiones (véase aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí); huelga decir que no digo que sea el caso de Jové y Chappell.
El caso es que ambas jóvenes han sido puestas a disposición de los tribunales israelíes. A pesar de que ambas se dedican sistemáticamente a poner a parir a las autoridades del Estado hebreo, éstas han permitido darles la oportunidad de exponer su caso en un tribunal en lugar de deportarlas, permitiendo que recibieran asistencia por parte de sus respectivas autoridades diplomáticas, así como asistencia legal. Se les dio la opción (por ellas aceptada) de obtener la libertad bajo fianza. Los tribunales israelíes han sentado jurisprudencia al sentenciar que las autoridades de inmigración no pueden operar fuera del Estado de Israel, y en las sesiones celebradas se ha arrojado luz sobre las irregularidades cometidas. Todo ello queda patente aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.
¿No encaja eso en el ideal democrático de justicia?